La renuncia inesperada de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo, a solo cuatro meses de haber sido nombrada en el recién creado Órgano de Administración Judicial (OAJ), destapó lo que muchos temían: el nuevo modelo del Poder Judicial nació sin brújula, sin controles y sin transparencia.
La salida de la magistrada no vino sola.
Vino acompañada de un operativo digno de crisis institucional:
– Más de 60 trabajadores fueron despedidos de un día para otro.
– Las oficinas quedaron selladas, como si se tratara de un cateo.
– Nadie explicó nada: ni la Corte, ni el OAJ, ni la propia magistrada.
El mensaje es brutal:
si una pieza se cae, todo el aparato se tambalea.
El OAJ fue presentado como la gran solución para “limpiar” y “modernizar” la administración judicial. Pero su primera prueba pública terminó en caos, opacidad y decisiones que afectaron a decenas de trabajadores que hoy no saben si cobrarán, si serán reubicados o si simplemente quedaron fuera por un pleito interno que nadie quiere explicar.
Mientras tanto, el Poder Judicial guarda silencio.
Un silencio que pesa más que la renuncia.
Porque cuando un órgano recién creado ya tiene renuncias, sellos, despidos y rumores de irregularidades, la pregunta no es qué pasó con una magistrada.
La pregunta es qué está pasando dentro del Poder Judicial… y por qué nadie quiere decirlo.