Ciudad de México Septiembre 2025 — En una resolución que marca límites claros al poder presidencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un recurso promovido por la Presidencia de la República que buscaba impedir la entrega de información sobre mandos de la Secretaría de Marina. El fallo confirma la orden del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y obliga al Ejecutivo a abrir sus archivos. El caso: ¿qué se pedía y qué se negó?Una solicitud ciudadana pidió conocer datos sobre rango, funciones y adscripción de mandos navales. La Presidencia alegó que divulgar esa información ponía en riesgo la seguridad nacional. El INAI ordenó entregarla. La Presidencia impugnó. La Corte dijo: no hay evidencia de riesgo real.“Si existiera un peligro concreto, debería acreditarse con pruebas, no con afirmaciones genéricas”, señalaron los ministros.
¿Qué implica el fallo?- Reafirma el principio de máxima publicidad en asuntos públicos.- Limita el uso discrecional del concepto “seguridad nacional” como barrera para ocultar información.- Abre la puerta a revisar otras reservas impuestas por el Ejecutivo en temas como el Tren Maya, el AIFA, el Plan DN-III, y contratos con empresas militares. ¿Por qué importa?Porque la militarización de funciones civiles ha ido en aumento.Porque el Ejército y la Marina manejan presupuestos multimillonarios sin contrapesos claros. Porque la transparencia no es opcional: es un mandato constitucional. Análisis editorial:Este fallo no solo obliga a entregar datos. Obliga a rendir cuentas.En un país donde las Fuerzas Armadas han asumido tareas de seguridad, construcción, migración y logística, saber quién manda y qué hace cada mando es parte del derecho ciudadano a conocer cómo se ejerce el poder.