Por Genaro
Lo que debía ser un ejercicio nacional de prevención se convirtió en una radiografía sonora del sistema penitenciario mexicano. El Simulacro Nacional de Sismo del 19 de septiembre de 2025, diseñado para salvar vidas, terminó revelando una red de privilegios que opera desde el interior de las cárceles: más de dos mil celulares ilegales comenzaron a sonar al mismo tiempo, activando la alerta sísmica en penales de todo el país.
La escena fue insólita. En centros de reclusión de Sinaloa, Nuevo León, Puebla, CDMX, Chihuahua, Jalisco, Yucatán y otros estados, custodios y autoridades penitenciarias se vieron sorprendidos por el sonido simultáneo de dispositivos que, en teoría, no deberían existir dentro de los penales. El resultado: 2,105 celulares decomisados en cuestión de horas.
Los penales con más decomisos:
– Aguaruto, Sinaloa: 450 celulares
– Apodaca 1 y 2, Nuevo León: 520 celulares
– Cadereyta, Nuevo León: 180 celulares
– Ciudad Juárez, Chihuahua: 200 celulares
– Guadalajara, Jalisco: 165 celulares
– Santa Martha Acatitla, CDMX: 80 celulares
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que el simulacro activó protocolos de revisión en penales, lo que permitió detectar los dispositivos. Pero más allá del número, el hallazgo confirma lo que muchos ya sospechaban: la corrupción y el dinero tienen poder incluso tras las rejas.
¿Qué revela este escándalo?
– Que los sistemas de vigilancia penitenciaria están rebasados.
– Que existen redes de comunicación ilegal operando desde prisión, muchas veces vinculadas a extorsiones, fraudes y coordinación de delitos.
– Que los simulacros, más allá de su función preventiva, pueden convertirse en instrumentos de fiscalización involuntaria.
– Que el acceso a tecnología dentro de penales no es casual ni aislado, sino parte de una estructura tolerada o facilitada por omisión.
¿Y ahora qué?
Las autoridades han prometido intensificar los operativos y revisar los protocolos de ingreso y vigilancia. Pero el reto va más allá de decomisar celulares: se trata de replantear el modelo penitenciario, revisar las cadenas de mando, y entender cómo el privilegio se infiltra en los espacios que deberían estar bajo control del Estado.
Una ironía brutal: un ejercicio para salvar vidas terminó revelando cómo, desde prisión, se podrían estar poniendo en riesgo muchas otras.