La reciente advertencia sobre la supervisión del SAT a ahorros informales que superen los 15 mil pesos encendió alarmas en todo el país. No por el monto, sino por el mensaje: la autoridad fiscal parece mirar cada vez más hacia abajo, hacia quienes guardan lo poco que pueden, mientras los grandes movimientos financieros siguen siendo terreno nebuloso.
Aunque el SAT aclara que no se trata de multar a quien ahorre en su cuenta bancaria, sino de vigilar tandas, guardaditos y movimientos sin justificar, la narrativa pública terminó convertida en una señal inquietante:
el ciudadano común vuelve a ser el primer sospechoso.
En un país donde millones recurren al ahorro informal porque el sistema financiero no les ofrece confianza ni condiciones reales, la medida se siente más como un recordatorio de desigualdad que como una estrategia fiscal. Supervisar tandas de 15 mil pesos mientras la evasión millonaria sigue siendo un deporte de élite es, cuando menos, una contradicción difícil de ignorar.
El discurso oficial habla de “orden”, “transparencia” y “prevención de delitos financieros”. Pero en la práctica, la vigilancia recae sobre quienes ahorran para emergencias, para la escuela de los hijos o para sobrevivir a la próxima crisis.
La pregunta que queda flotando es incómoda:
¿por qué el Estado siempre encuentra más fácil revisar el bolsillo del ciudadano que el de los grandes contribuyentes?
Mientras no haya una respuesta clara, la desconfianza seguirá creciendo… y el mensaje seguirá siendo el mismo: en México, ahorrar también puede convertirse en un acto vigilado.