Mientras el Congreso de Nayarit presume austeridad, una auditoría oficial revela lo contrario: más de 1.3 millones de pesos fueron entregados al medio NTV / Canal 8, sin que se comprobara la difusión real de actividades legislativas.
Lo que agrava el caso es que NTV es propiedad del periodista Antonio Tello, quien dirige el canal desde Tepic y lo presenta como un medio “público y objetivo”. Sin embargo, el Informe de Fiscalización 2021–2023 de la Auditoría Superior del Estado (ASEN) documenta pagos por “servicios de comunicación social” sin contratos, grabaciones, reportes de transmisión ni pruebas audiovisuales.
En octubre de 2021 y mayo de 2022, se facturaron $104,400.00 y $92,800.00, respectivamente, sin evidencia de que el Congreso haya recibido lo que pagó. Y lo más grave: parte del contenido revisado no promovía al Congreso como institución, sino a una diputada en específico: Alba Cristal Espinoza Peña, entonces presidenta del Legislativo.
Esto viola la Ley General de Comunicación Social, que prohíbe el uso de recursos públicos para propaganda personalizada.
La auditoría concluye que los gastos no fueron solventados y deberán ser investigados por la Dirección de Asuntos Jurídicos. Además, se detectaron más de 19.5 millones de pesos en convenios con medios sin justificación, lo que apunta a una práctica sistemática de uso discrecional del presupuesto en comunicación oficial.
¿Dónde está la transparencia que se prometió? ¿Por qué un medio que se presenta como independiente recibió recursos públicos sin entregar pruebas de servicio? ¿Quién responde por el desvío del gasto hacia la promoción política?
La ciudadanía merece respuestas. Y sobre todo, merece que su dinero se use para fortalecer instituciones, no para inflar egos.
