¿Madurez selectiva? La incoherencia de permitir el cambio de género legal antes que el voto o el consumo de alcohol.
En el centro del debate legislativo actual en México, impulsado recientemente por legisladores de Morena, se encuentra una propuesta que desafía la lógica jurídica tradicional: permitir que menores de edad modifiquen su sexo legal en el Registro Civil. Mientras que organismos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostienen que esto protege el libre desarrollo de la personalidad, surge una interrogante inevitable sobre la coherencia del Estado: ¿Cómo puede un menor ser lo suficientemente maduro para decidir su identidad legal, pero no para votar, comprar tabaco o consumir alcohol?
El umbral de la madurez legal
Históricamente, el sistema legal establece límites de edad basados en la capacidad cognitiva y emocional para comprender las consecuencias a largo plazo de los actos. Actualmente, el Estado Mexicano determina que:
- No se puede votar: Pues se considera que la madurez política se alcanza a los 18 años.
- No se puede consumir alcohol o tabaco: Debido a los efectos en el desarrollo físico y la falta de juicio sobre riesgos de salud.
- No se pueden firmar contratos vinculantes: Para proteger al menor de decisiones financieras o civiles permanentes.
Si el marco legal asume que un adolescente de 12 o 14 años no tiene la capacidad de elegir a sus gobernantes o de decidir sobre el consumo de sustancias que dañan su cuerpo, resulta contradictorio otorgarle la facultad de modificar un documento de identidad fundamental.
Una decisión irreversible frente a restricciones temporales
El argumento de la “autodeterminación” que promueven figuras de MORENA, parece ignorar que las restricciones para beber o fumar son medidas de protección. Al permitir el cambio de género legal a edades tempranas, el Estado está validando una decisión que impacta todas las esferas de la vida pública y privada del individuo, antes incluso de que su cerebro termine de desarrollarse.
¿Por qué se considera que un niño tiene la “claridad” para alterar su estatus legal biológico, pero se le prohíbe comprar una cerveza bajo el argumento de que “no sabe lo que hace”? Esta discrepancia jurídica sugiere que los criterios de madurez se están aplicando de forma ideológica y no científica o uniforme.
El riesgo de la “madurez por decreto”
Legislar para que la infancia trans acceda a cambios administrativos sin el filtro de la mayoría de edad abre la puerta a un vacío legal peligroso. Si un menor es apto para decidir su género ante la ley, se debilita el argumento que le impide participar en otras áreas de la vida adulta.
La protección de los menores no debe basarse en concederles derechos de adultos de forma selectiva, sino en garantizar que alcancen la madurez necesaria para que sus decisiones —especialmente las que son difíciles de revertir— sean tomadas con plena conciencia y responsabilidad.
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