La Fiscalía General del estado de Nayarit emite el siguiente posicionamiento, con el objetivo de informar a la sociedad nayarita de manera clara, técnica y conforme al marco legal vigente:
El cierre de vías públicas y la obstrucción de instalaciones esenciales, como lo es la sede de la Fiscalía General, afectan directamente los derechos de terceras personas, incluyendo el acceso a servicios de procuración de justicia, atención de emergencias, libre circulación y el desarrollo normal de las actividades ciudadanas. Estas acciones podrían configurar delitos como ataques a las vías de comunicación y, ante las declaraciones emitidas, apología del delito, cuya investigación corresponde a esta institución.
Respecto al caso que origina dicha manifestación, se precisa que se trata de un hecho de tránsito en el que, lamentablemente, una persona perdió la vida.
En cuanto al proceso penal, el mismo se encuentra en curso y en apego estricto a los principios del debido proceso. El delito imputado no es de carácter doloso, lo que en su momento, podría permitir —bajo los términos de ley— el cambio de medida cautelar o el establecimiento de un acuerdo reparatorio. Sin embargo, hasta este momento:
• No se ha designado formalmente a un representante legal de la persona fallecida, figura indispensable para otorgar el perdón legal -el cual no se ha concedido hasta este momento- y avanzar en una posible solución alterna.
• No existe una persona con personalidad jurídica reconocida para recibir una indemnización ni para negociar un acuerdo reparatorio conforme a lo establecido por la ley.
• No se ha recibido solicitud formal ni acercamiento procesal directo por parte de las personas manifestantes o sus representantes legales que cumpla con las formalidades exigidas por el sistema penal acusatorio.
Cabe enfatizar que se trata de un asunto de trámite, y será el Juez de Control quien resuelva conforme al planteamiento que, en su momento, formule la defensa.
La Fiscalía General del Estado actúa en estricto cumplimiento de la ley, con respeto absoluto a los derechos de las víctimas directas e indirectas, garantizando que la reparación del daño, cuando sea jurídicamente procedente, se realice de manera ordenada, legal y justa para todas las partes.
Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la verdad y la justicia, y hacemos un llamado respetuoso a quienes se manifiestan a encauzar sus peticiones por las vías institucionales, formulando planteamientos ajustados a derecho, lo que sin duda permitiría resolver de manera positiva, adecuada, justificada y con el debido sustento legal, dentro del marco del Estado de Derecho que todas y todos debemos preservar.