Ciudad de México.
Mientras el Poder Judicial enfrenta presiones para reducir su presupuesto y justificar cada peso ante la opinión pública, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, mantiene una nómina de 97 asesores, cuyo costo mensual supera los 6 millones de pesos.
La cifra contrasta con el discurso de austeridad que se ha exigido al Poder Judicial desde el Ejecutivo y el Legislativo, y con las críticas que recibió la ministra Norma Piña durante su gestión, cuando solo contaba con seis asesores directos.
¿Cómo se distribuyen?
– 60 asesores en la ponencia del ministro presidente → $3.2 millones mensuales
– 28 asesores en la Coordinación General de Asesores → $2.1 millones
– 9 asesores en la Oficina de la Presidencia → $637 mil pesos
– Sueldos van desde $16,470 hasta $120,659 pesos mensuales, según nivel y funciones
¿Quién asesora a quién?
La nómina incluye perfiles con vínculos políticos, religiosos y académicos, algunos sin trayectoria judicial. Esto ha encendido alertas sobre el uso discrecional de plazas, la falta de transparencia en contrataciones y el riesgo de convertir la Corte en una oficina de gestión personal más que institucional.
Lo que se criticaba como “oneroso” en la administración anterior hoy se multiplica sin explicación clara. La Corte, que debería ser ejemplo de sobriedad y rigor institucional, se convierte en foco de opacidad cuando el gasto en asesores supera el presupuesto de tribunales estatales completos.
La pregunta no es solo cuánto cuesta, sino qué aportan. ¿Necesita el ministro presidente 97 voces para decidir? ¿O se trata de una estructura paralela para blindar decisiones, controlar narrativa y operar políticamente desde el máximo tribunal?