La renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República no se presentó como un acto de rendición de cuentas, sino como un movimiento calculado dentro del tablero político. Claudia Sheinbaum, lejos de abrir un debate sobre la gestión del exfiscal, optó por ofrecerle una embajada. Él aceptó. El destino aún se guarda en secreto, pero el mensaje es transparente: en la “transformación”, los cargos más cuestionados no se juzgan, se reciclan.
La figura de Gertz Manero, marcada por polémicas y acusaciones de persecución selectiva, se despide con honores diplomáticos. No hay evaluación de resultados, ni revisión de expedientes emblemáticos, ni balance de su paso por la justicia mexicana. Lo que hay es un premio, un traslado cómodo, un blindaje político.
El recurso de enviar a personajes incómodos al servicio exterior no es nuevo, pero sí revelador: las embajadas se convierten en vitrinas de impunidad, en espacios donde se maquilla la salida de quienes desgastaron instituciones. Se trata de un mecanismo que protege más al sistema que a la ciudadanía.
La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿qué significa para la justicia mexicana que su máximo representante se marche sin cuentas claras y con un nombramiento diplomático? La respuesta, aunque no se anuncie oficialmente, ya se intuye: la “transformación” se exhibe como continuidad de viejas prácticas, donde el poder se recicla y la ética se diluye.