Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Martínez Dagnino presentó una serie de reformas y controles que buscan frenar la creación de empresas fachada y la venta de facturas falsas:
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Prisión preventiva oficiosa: Se propone que quienes vendan o compren facturas falsas, sin ser contribuyentes reales, enfrenten prisión automática por tratarse de un delito grave contra el fisco federal.
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Procedimiento abreviado: El nuevo proceso tendría una duración máxima de 24 días, con suspensión inmediata del sello digital para emitir facturas desde el inicio del procedimiento.
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Restricciones a socios y accionistas: Quienes estén involucrados en la venta de facturas no podrán inscribir nuevas empresas mientras dure el proceso.
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Control en el RFC y e.firma: Ya no se entregan el mismo día. Las empresas deben comprobar que el domicilio fiscal es real y no el de un testaferro.
Contexto legal
– La propuesta se basa en la reforma al artículo 19 constitucional, que tipifica la venta de facturas falsas como delito grave.
– El SAT busca armonizar el Código Fiscal con esta reforma para aplicar sanciones más efectivas.
Estas medidas forman parte del paquete económico 2026 y buscan garantizar “piso parejo” en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Si quieres, puedo ayudarte a armar una cápsula comparativa sobre cómo esta propuesta se relaciona con el debate sobre prisión preventiva en otros delitos.