El nuevo padrón obligatorio de telefonía llegó con la promesa de combatir la extorsión. Lo que entregó, en cambio, fue una radiografía del Estado mexicano: improvisación tecnológica, opacidad institucional y una peligrosa normalización del riesgo para millones de usuarios.
A días de su arranque, el sistema permitió registrar líneas usando datos de terceros. No fue un rumor: usuarios demostraron que podían dar de alta números con la CURP, el INE y hasta imágenes públicas de figuras políticas. La verificación facial —supuestamente el candado estrella— resultó ser un trámite simbólico que no valida en tiempo real si la persona frente a la cámara existe o coincide con la identificación.
El caso de Gerardo Fernández Noroña se volvió el ejemplo más visible, pero no el único. También circularon reportes de registros hechos con datos de otras figuras públicas. El mensaje es claro: si pueden suplantar a quienes están en el centro del debate nacional, pueden suplantar a cualquiera.
Mientras tanto, el gobierno insiste en que las operadoras “resguardan los datos bajo la ley”. Pero la protección legal sirve de poco cuando el sistema que recolecta la información no puede garantizar la identidad del usuario. Es como poner una puerta blindada en una casa sin paredes.
El plazo para registrar líneas vence el 30 de junio. A partir del 1 de julio, millones de personas deberán entregar sus datos biométricos a un sistema que ya demostró no poder protegerlos. La paradoja es brutal: una ley creada para frenar la extorsión abre nuevas rutas para la suplantación, el fraude y el abuso.
La discusión no es técnica, es política. No se trata de si el padrón puede funcionar, sino de si debe existir cuando ni siquiera supera la prueba mínima de seguridad. La ciudadanía está obligada a confiar en un mecanismo que no confía en ella.
Y mientras el gobierno pide paciencia, la realidad se adelanta: el padrón ya fracasó antes de nacer.