Mientras la Fiscalía General de la República investiga al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, por presuntos vínculos con el grupo criminal La Barredora, el gobierno estatal ha decidido reservar por cinco años sus declaraciones patrimoniales. La medida, aprobada por unanimidad por el Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción, impide conocer el estado de sus bienes hasta agosto de 2030, bajo el argumento de que divulgar esa información podría “entorpecer la investigación” y “poner en riesgo la seguridad pública”.
¿Transparencia selectiva?
La decisión se sustenta en el Artículo 105, fracción VIII de la Ley de Transparencia de Tabasco, que permite clasificar como reservada toda información que pueda obstruir la persecución de delitos. Sin embargo, el contexto genera suspicacias:
– Bermúdez fue detenido en Paraguay y señalado como presunto líder criminal.
– Su nombramiento fue realizado por Adán Augusto López Hernández, hoy figura clave en el bloque oficialista.
– La reserva se activa justo cuando la presión mediática y política exige rendición de cuentas sobre los vínculos entre seguridad pública y estructuras delictivas.
¿Protección institucional o encubrimiento?
La narrativa oficial habla de “riesgo a la integridad física” y “mal manejo de datos”, pero la opacidad en torno a un funcionario acusado de liderar una red criminal plantea una pregunta incómoda: ¿se protege la investigación o se protege al investigado?
Este blindaje patrimonial no es un caso aislado. En México, la reserva de información ha sido utilizada históricamente para diluir la presión pública, posponer la rendición de cuentas y desvincular responsabilidades políticas. En este caso, la reserva no solo posterga el acceso a datos clave, sino que refuerza la percepción de impunidad institucional.
Lectura editorial
La transparencia no puede ser negociable cuando se trata de funcionarios públicos vinculados a delitos graves. Reservar información patrimonial en plena investigación criminal no fortalece la justicia, la debilita. Y si el argumento es proteger la seguridad pública, habría que preguntarse: ¿de quién?